Es poco concebible un sistema político sin oposición. Hasta en los regímenes autoritarios más represivos es posible encontrar reductos de actividad opositora con diferentes modos y grados de expresión de la disidencia. La existencia de oposición política y la posibilidad de alternancia en el poder son elementos sustanciales que legitiman a las democracias liberales. En ellas se distribuyen las oportunidades para disentir y se conjugan con mayor amplitud los vectores de participación y de contestación política.[1]
El estudio de la oposición ha sido abordado por muy diversas disciplinas: desde la historia a la sociología, pasando por el derecho parlamentario, la psicología política o la antropología. Pero, por sorprendente que pueda parecer, la oposición política no ha sido un objeto de estudio pródigamente tratado en la ciencia política (Helms, 2023). A pesar de que existen buenos estudios de caso, apenas hay trabajos globales, ya sean teóricos o comparativos. Da la impresión de que ha habido poca vida más allá de la obra inaugural editada por Robert A. Dahl (1966), que supera ampliamente el medio siglo. No existen teorías de la oposición política en el amplio sentido de la palabra y, menos aún, una teoría bien ensamblada con un abordaje analítico diferenciado. Los estudios sobre oposición se encuentran a menudo subsumidos en otros ámbitos temáticos que gozan de mayor atención investigadora (gobierno, elecciones, partidos, parlamento…).
Los trabajos sobre oposición se pueden encuadrar en alguna de estas corrientes principales: la oposición en los regímenes no democráticos y en los procesos de cambio político dentro de las teorías de la democratización; la oposición en la teoría de la democracia liberal; la oposición impulsada por movimientos sociales reivindicativos, contestatarios y de protesta; y la oposición parlamentaria, que es la corriente que ha predominado.
Political Oppositions in Democratic and Authoritarian Regimes: A State-of-the-Field(s)
Este artículo de revisión de Ludger Helms (2023) desarrolla un amplio balance sobre el estado reciente de la investigación sobre la oposición política.
Por lo general, los referentes clásicos de la teoría de la democracia no definen el concepto de oposición política o lo hacen de modo vago. Es el caso de la propuesta de Dahl (1966), este autor entiende sencillamente que hay oposición cuando B se opone a la conducta del gobierno A. Ionescu y Madariaga (1968) la conciben en términos laxos como la contraparte dialéctica del poder. El tratamiento que se da al concepto es el de dependencia al tiempo que contrapunto del gobierno. La noción de oposición es parasitaria de las ideas de gobierno y autoridad (Blondel, 1997) en el sentido de que la naturaleza de la oposición está vinculada a la naturaleza del gobierno al que se opone, formando parte de una permanente dualidad gobierno-oposición. Dadas estas vagas concepciones no es extraño que la idea de oposición se solape con las categorías próximas de conflicto, disenso o minoría, entre otras.
En cualquier caso, la categoría de «oposición política» se utiliza principalmente con dos acepciones que encarnan dos perspectivas diferentes: la «perspectiva funcional», que se centra en los actores de la oposición y en sus actividades orientadas a controlar la acción gubernamental; y la «perspectiva institucional», que dirige la atención al lugar o escenario donde se practica la oposición. Si se toma como base la esencia de lo que es la actividad opositora según los referentes clásicos, esto es, su posicionamiento dialéctico y, además, se hace abstracción del tipo de actores, funciones, actividades y escenarios de la oposición, se puede proponer una conceptualización sencilla, pero lo suficientemente inclusiva. En esencia, y siguiendo a Brack y Weinblum (2011: 74), por oposición política se entiende «un desacuerdo con el gobierno y sus políticas, la élite o el régimen político en su conjunto, expresado en la esfera pública, por un actor organizado a través de diferentes modos de acción». Aunque inevitablemente genérica, se puede asumir de modo operativo por ser lo bastante inclusiva como para integrar las dos perspectivas mencionadas, aunque esté más próxima a la funcional. Tiene la ventaja, además, de que permite escapar del tradicional reduccionismo de la literatura sobre oposición (Helms, 2023), mayoritariamente centrada en el estudio de la oposición parlamentaria, ya que permite contemplar otros tipos o variedades de oposición.
Aun a riesgo de simplificar en exceso, podemos situar los tipos de oposición política a lo largo de dos grandes ejes. Un primer eje es el que distingue entre oposición «sistémica» (también llamada constitucional) y «antisistema» (no constitucional o anti-régimen).
La oposición sistémica representa tanto la crítica como el control de la actividad gubernamental, así como una alternativa a su visión política, sin poner en cuestión los valores y las reglas del juego propias del régimen político. La existencia de oposición sistémica permite separar la crítica específica al gobierno de aquella crítica al régimen político en su conjunto. La fortaleza de la oposición sistémica constituye un elemento clave de integración y canalización del descontento y una eventual oportunidad para la innovación política.
En cambio, los grupos o partidos antisistema adoptan valores y modos de actuación que cuestionan las reglas de juego del régimen político y, en no pocas ocasiones, del propio orden socioeconómico. La utilización oportunista de las estructuras de autoridad, o la eventual liza por el acceso al gobierno de los partidos antisistema serían solamente medios para deslegitimar al sistema político. La oposición antisistema es una oposición ante todo «irresponsable» en el sentido de que sus «promesas no se prevé que se van a cumplir nunca» (Sartori, 1980: 176) y es aún más irresponsable cuantas menos posibilidades tenga de llegar al gobierno. Pero quizás la oposición antisistema pudiera servir en ocasiones para legitimar al sistema político al cumplir una función «tribunicia» (Lavau, 1981), similar a la que cumpliría el «tribuno de la plebe» que da voz e integra en el sistema a aquellos valores, ciudadanos y grupos sociales excluidos del mismo.
Tampoco hay que olvidar que las etiquetas de oposición «antisistema» o «anticonstitucional» poseen una indudable carga normativa e ideológica. Forman parte de la retórica y las estrategias discursivas partidistas en la liza política como modo de estigmatización del adversario al que se le cuestiona la legitimidad de su discurso o acción política frente a lo que supuestamente debiera ser la «verdadera», «buena» o «legítima» oposición.
Un segundo eje es el que diferencia entre la oposición «parlamentaria» y la «extraparlamentaria». La oposición parlamentaria ha sido el principal objeto de estudio académico, hasta tal punto que analizar la oposición política ha sido casi equivalente a analizar la oposición parlamentaria. Su actividad se sustentaría esencialmente en dos grandes funciones: por un lado, la función de supervisión y limitación del poder del gobierno; y, por otro, la función de provisión de alternativas visibles al mismo (a su visión política, acciones, a sus métodos y estrategias, personal político, etc.). Sobre el concepto y caracterización de la oposición parlamentaria en los regímenes típicamente parlamentarios es recomendable consultar la web del Institute for Government.
La expresión «oposición extraparlamentaria» se vinculó inicialmente a los movimientos estudiantiles de protesta de los años sesenta, ampliándose después su uso y aplicación (Kolinsky, 1987) hasta el punto de que, en la actualidad, las fronteras entre las categorías de oposición parlamentaria y extraparlamentaria son porosas. Como sabemos, los grupos de la oposición parlamentaria generan conexiones y ramificaciones complejas con grupos y organizaciones de la sociedad civil y, además, los partidos se implican no pocas veces en actuaciones extraparlamentarias de todo tipo contra el gobierno: la opción de los tribunales y la judicialización del conflicto, la movilización de los medios y la opinión pública, el «despertar de la calle», el impulso de un referéndum, etc.
La vitalidad de la oposición política en las democracias depende en buena medida de la participación y de la amplia difusión de los lugares de contestación. Como señala Pasquino, «el arraigo social de la oposición constituye la condición previa para su arraigo institucional; y, a su vez, el arraigo institucional refuerza el de índole social» (1998: 54).
El boicot electoral como instrumento de oposición política
Los boicots electorales son un ejemplo de contestación opositora especialmente relevante en la última década. Representan una compleja opción estratégica de la oposición política en la arena electoral, no exenta de incertidumbre, que posee además un elevado componente performativo. Se produce cuando actores políticos relevantes de la oposición renuncian deliberadamente a concurrir a las elecciones y hacen un llamamiento expreso, con el apoyo de diversos instrumentos de comunicación, a la abstención de los votantes con el objeto de deslegitimar autoridades, políticas o el conjunto de régimen. Sobre la extensión del fenómeno de los boicots electorales en el mundo y su conexión con diferentes variables de utilidad para el análisis científico-social se puede consultar la base de datos «GEBDA. Global Election Boycotts Database 1.0» en Harvard Dataverse.
El mapa de actores que pueden formar parte de la oposición extraparlamentaria es ciertamente heterogéneo y de geometría variable, cuya configuración particular está muy ligada a las singularidades nacionales: partidos que no han alcanzado representación parlamentaria; movimientos sociales; grupos de «promoción de causas»; grupos de presión y asociaciones orientadas a defender temas específicos; los medios de comunicación y también los líderes sociales de oposición en virtud de su capacidad para personalizar y hacer visibles temas, problemas y conflictos en la opinión pública. Parece evidente que una diferencia clave es la que se da entre aquellos actores que pretenden canalizar el conflicto social ejerciendo su presión sobre el parlamento y otras instancias de autoridad, de aquellos otros que no reconocen, ignoran o emplean rutas ajenas a la arena parlamentaria y, en ocasiones, al propio régimen.
Notas
[1] Sobre la presencia y extensión de la oposición política en los sistemas políticos del mundo puede consultarse en Our World in Data.
(*) Este texto se integra en los trabajos del proyecto El estatus jurídico-político de la oposición política en las democracias representativas, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (ref. PID2020-117154GA-I00).