Tan ligado a la democracia como el disenso, el conflicto y la polarización, el consenso forma parte del discurso político que lo presenta como bien útil en sistemas democráticos o procesos de paz, así como de aquel que lo denosta como justificador del statu quo de las élites o como sustituto de la disputa política inherente a las sociedades políticas complejas. Puede abordarse en cuatro acepciones: normativa, dinámica, simbólica y crítica.
Para Dahl (2001) el consenso, en su relación con la aceptación de las normas de la poliarquía, se compone de tres dimensiones básicas: el número de partícipes en el acuerdo, la intensidad del grado de acuerdo y la coherencia entre la convicción y la acción de los partícipes. En sociedades pluralistas democráticas, Sartori (1976, pp. 47–48) define el consenso como la autolimitación de las partes en el desacuerdo sobre las normas y aspectos fundamentales de la comunidad. Este acuerdo, explícito o tácito, basado en la autolimitación, permite la expresión del disenso ideológico y el conflicto sobre la orientación de las políticas gubernamentales. Así entendido, el consenso es un pacto amplio, no necesariamente unánime, sobre un marco normativo, unas reglas de competición o unos valores deseables en sociedades social y políticamente plurales.

Créditos: Agencia EFE en el periódico La Vanguardia.
Más allá de su función normativa, el consenso puede también entenderse como una dinámica política en la toma de decisiones. Arend Lijphart propuso un modelo de democracia consensual en el cual predomina «la inclusión, el pacto y el compromiso» (2000, p. 14). Estos modelos se caracterizan por la negociación y la aspiración a la incorporación en el acuerdo político y social a una amplia mayoría de actores por encima de la mínima necesaria, por lo que se concreta en modelos de poder ejecutivo conformados por coaliciones multipartidistas, sistemas electorales de representación proporcional y modelos de organización territorial descentralizados.
En su dimensión simbólica o mitológica, el consenso se esgrime en la narrativa política de algunos actores de los sistemas políticos como bien útil para la comunidad o como evento fundacional del sistema. Tomando prestada la argumentación que construye el concepto de comunidad imaginada de Benedict Anderson (2006), el consenso, en su acepción simbólica, constituiría una historia ficticia o basada en hechos reales, que justificaría un orden político concreto y daría un sentido de comunión entre los individuos partícipes, extendida a través de la educación, los medios de comunicación y el lenguaje. Esta narrativa tiende a enaltecer la capacidad de llegar a acuerdos entre actores históricamente enfrentados, invocando el consenso como valor cívico fundacional.
Artículo
Historia de la Constitución de 1978
LaVanguardia.com
Desde una acepción crítica, Mouffe entiende que el consenso en sociedades liberales democráticas es una expresión de hegemonía política en un momento concreto que cristaliza una correlación de fuerzas que impone lo que es y no es legítimo, lo que incluye y lo que excluye (2000, p. 49). Su crítica no es al consenso per se, en cuanto a la necesidad de un acuerdo sobre normas fundamentales democráticas, si no al «consenso de centro» del momento político en el que escribe, que niega la política que desborda ese espacio, lo que constituiría la negación del conflicto político y el antagonismo inherente a las sociedades democráticas plurales. Desde esta perspectiva, el consenso puede operar como límite discursivo que desactiva el conflicto y define los márgenes de lo políticamente decible. En el lado opuesto ciertos discursos populistas de extrema derecha denuncian el consenso como una conspiración maliciosa y antipopular orquestada por unas élites transnacionales impulsoras de una agenda política globalizadora y progresista cuyo propósito es el menoscabo o la destrucción del Estado-nación y del orden social tradicional.